CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la investigación iniciada contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas derivada de una solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por el Gobierno de Estados Unidos continúa en proceso de integración y, hasta el momento, no cuenta con el parámetro probatorio mínimo que exige la legislación mexicana para proceder penalmente.
Durante una conferencia de prensa, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos señaló que la carpeta de investigación permanece a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigaciones Complejas, mientras que el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, David Bone de la Garza, explicó los avances del caso.
El funcionario precisó que la indagatoria fue abierta a partir de la solicitud formulada por las autoridades estadounidenses y que comprende a diez personas, entre funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa.
Bone de la Garza indicó que los delitos señalados por Estados Unidos constituyen únicamente el punto de partida de la investigación, la cual busca establecer si existen elementos que permitan acreditar la comisión de hechos delictivos conforme al marco jurídico nacional.
Asimismo, reconoció que hasta ahora no se han reunido las pruebas necesarias para alcanzar el estándar probatorio requerido por el derecho mexicano, por lo que las diligencias continúan.
Entre las actuaciones realizadas se encuentran entrevistas ministeriales a las diez personas señaladas, además de la recopilación de informes y otros datos de prueba, como parte de una investigación que la FGR calificó como exhaustiva.
La dependencia también informó que permanece a la espera de que el Gobierno de Estados Unidos aporte la justificación de urgencia relacionada con la solicitud de detención provisional con fines de extradición, requisito previsto en la legislación aplicable.
Ernestina Godoy descartó que el procedimiento pueda equipararse a otros casos de entrega de personas a autoridades estadounidenses bajo la Ley de Seguridad Nacional, al señalar que en este expediente ninguno de los investigados cuenta con órdenes de aprehensión ni enfrenta procesos penales vigentes en México.
La Fiscal añadió que la investigación permanece limitada a los delitos incluidos en la solicitud presentada por Estados Unidos, por lo que hasta ahora no se han ampliado las diligencias hacia posibles investigaciones patrimoniales, financieras o por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La FGR reiteró que la carpeta de investigación sigue en integración y que las actuaciones continuarán hasta determinar si existen elementos suficientes para ejercer acción penal contra los señalados conforme a la legislación mexicana.